El tráfico de estupefacientes es penado en todo el mundo, y es el element desencadenante de un gran por ciento de la totalidad de los procesos penales a nivel world.
Aunque de una forma tardía, la Directiva 2012/13/UE fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley thirteen/2015 de five de octubre, que modificó nuestra ley procesal penal. Si antes de la promulgación de la ley y desde la fecha límite de la trasposición, la tensión entre abogados y FFCCS se producía por la aplicabilidad o no de forma directa de la Directiva europea, ahora con la nueva ley los motivos de discusión se desplazan a la interpretación de conceptos jurídicos. En referencia al derecho de acceso a los elementos de las actuaciones en sede policial, la ley introdujo el novedoso apartado 520.two.D, “Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad”. ¿Qué son los elementos esenciales? El Consejo del Ilustre Colegio de Abogados de Cataluña, elaboró, en fecha eleven de febrero de 2016 (Sánchez Garcia & Vallejo Ros), un informe en relación al derecho de acceso a las actuaciones policiales durante la situación de privación de libertad para el correcto ejercicio del derecho de defensa, concluyendo que “tanto la persona detenida como su abogado tienen derecho al acceso a las actuaciones en cualquier fase del proceso penal, antes del primer interrogatorio oficial por parte de la policía o de otra autoridad, por tratarse de una información necesaria e imprescindible para poder preparar su defensa y salvaguardar la equidad del procedimiento”.
Vito Contreras dejó por un momento el mundo del narco para asumir en 2018 la defensa de Alex Smith, involucrado en la Operación Huracán y creador del software program Antorcha, caso donde funcionarios de Carabineros están acusados de falsear e inventar pruebas para incriminar a comuneros mapuche en atentados incendiarios en la Macrozona Sur.
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No sería justo responsabilizar a nuestra policía del desconocimiento de la jurisprudencia constitucional, pues el problema de raíz es la ineficacia de nuestras Cortes Generales para legislar a tiempo y de forma clara.
Conocida como la Ley de Estupefacientes, establece el marco lawful basic para el control y la sanción del tráfico de drogas en Colombia. Define y clasifica las sustancias controladas, así como las acciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes que son consideradas delitos.
AN: Es cierto que la salud y la seguridad pública son preocupaciones legítimas, y nadie está abogando por la promoción del consumo de drogas. Sin embargo, las leyes de drogas actuales han llevado a un enfoque punitivo en lugar de uno basado en la salud.
c) De verdaderas pruebas, tratándose de diligencias objetivas y de resultado incontestable, como la aprehensión insitu de los delincuentes, la ocupación y recuperación de los efectos e instrumentos del delito, armas, drogas o sustancias estupefacientes, efectos estancados o prohibidos, entrada y registro en lugar cerrado y lo que se hallara durante el transcurso de los mismos, siempre que mediara mandamiento judicial o asentimiento del morador o del que tiene el derecho a excluir, o de otros supuestos semejantes.
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“Del señor Ovidio cuido sus pasos”: así suena el narcocorrido del principal escolta del hijo de ‘El Chapo’
En el caso de Costa check here Rica y Estados Unidos, existe un tratado de extradición que establece los procedimientos y requisitos que deben cumplirse para realizar una solicitud de extradición.
Anterior a la reforma de 2015 la información read more de derechos a la persona detenida por parte de las FFCCS podía se verbal. Con posterioridad a la misma, nada impide que se siga haciendo una primera información de derechos verbal de forma inmediata, que en la praxis policial se sigue realizando; si bien ahora se recoge que la información sea de forma escrita, sencilla y accesible, adaptándola a la edad, grado de madurez, discapacidad o cualquier otra circunstancia individual que pueda limitar el entendimiento. No basta con informar al detenido del tipo de delito que la policía considera que ha cometido, sino de los hechos que se le atribuyen, lo que exige informar a éste, de la forma más precisa posible, de las concretas circunstancias fácticas que integran los hechos que han provocado su detención.
Cuando el ejército ataca Sinaloa, un ambicioso sembrador de marihuana planea levantar un emporio del narco en Guadalajara. Mandan a un joven agente de la DEA a México.
Esta clase de extradición es bastante común, pero una de las más complejas en torno a su aplicación debido a la confluencia de intereses y preceptos que hay que tener en cuenta para su uso efectivo, por ello le recomendamos que busque inmediatamente apoyo jurídico especializado si se encuentra en una situación de esta índole, pues solo un profesional puede garantizar su seguridad jurídica durante el desarrollo de este proceso. Por tanto no dude en contactarnos pues estamos a su entera disposición y contamos con las herramientas y experiencia necesarias para llevar a cabo un caso como estos.